¿Nos hacemos cargo de nuestra confusión ciudadana o matamos al mensajero?

En la semana los vecinos de Villa Gesell y las localidades del sur se encontraron en una discusión surgida de una publicación realizada por este medio, que informó sobre la instalación de un carrito que cocina hamburguesas en el ingreso a la playa en Mar Azul.

Pareciera que la discusión se hubiera centrado en la forma y no en el fondo, algo que como sociedad venimos haciendo las últimas décadas. En donde se pone en tela de juicio la imparcialidad del medio y hasta en algunos comentarios se sugiere que la comunicación de la irregularidadque preocupa a muchosvecinos deja fuera del circuito laboral al señor del carrito, perdiendo de vista que finalmente siempre son las irregularidades en sí mismas las que nos dejan fuera de circuito.

Y cuando hablamos de discutir las formas y no los fondos caemos en la dicotomía de los planteos. Porque si es válido, necesario y pertinente exigir la transparencia al gobierno y a todos sus actores políticos, no sería válido el mismo planteo para la ciudadanía? O acaso la transparencia no debiera de existir en todos los órdenes?

Considero que deberíamos tener cuidado con estas dicotomías, porque tener un doble estándar a la hora de defender ciertas cosas, por ahí hace que nos volvamos injustos con nuestros pares, por ejemplo con quien también tiene el deseo y la necesidad de poner un carrito para su sustento y por cuestiones burocráticas o de cumplimiento con los pasos a seguir (bromatología, habilitación, carnet de manipulación, etc) no lo hace.

No veo en el vecino que expone su malestar por la falta de cumplimiento y control de un carrito que expende alimentos, una suerte de persecución desde lo laboral. Quizás podamos hacer la lectura de que hay una parte de la sociedad que refuerza la idea de orden y transparencia. Este orden y transparencia que debería ser inherente a toda acción público-político y también en lo privado.

No se trata de matar al mensajero, se trata de poner en discusión que no debieran existir los atajos, poner en discusión si los sistemas de habilitación como en el caso de los carritos son acordes a las necesidades laborales y por qué no, tener una mirada más crítica y menos inocente sobre la posibilidad de que en algunos de estos casos el accionar irregular venga de la mano del amiguismo político partidario que ofrece impunidad y hace la vista gorda bajo el lema “si pasa, pasa”.

“No roba, está trabajando”, leí en muchos comentarios y no dejó de asombrarme por dónde se ramificó la discusión. Todos, o una mayoría de la ciudadanía consideramos que robar está mal, pero me pregunto ¿es criterioso que validemos comportamientos por fuera de las reglamentaciones como garantía para que alguien no cometa delitos?

Es indiscutible e innegable el derecho a trabajar, el derecho a emprender, y es ahí donde la función del estado tiene que garantizar este derecho, acompañando y colaborando en la celeridad de los trámites, en las actualizaciones de las normas o en la generación de contextos que faciliten la inclusión de los que quieren trabajar y no cumplen con los requisitos determinados. Caso contrario una vez más nos encontraríamos frente a otro derecho abstracto.

Matar al mensajero no nos hace justos.

Mariana Ayala

Consultoría en Opinión Pública