Asociación Judicial Bonaerense: «No a la privatización de la justicia»

En un comunicado, las y los trabajadores de las Oficinas y Delegaciones de Mandamientos y Notificaciones y quienes realizamos esa función en la Justicia de Paz manifestamos nuestro rechazo al dictado por parte de la Suprema Corte provincial del Acuerdo 4013, que de manera sorpresiva e inconsulta aprueba un nuevo reglamento para el régimen de notificaciones. En particular, expresamos nuestro desacuerdo con las modificaciones planteadas que implican la privatización de aspectos sustanciales del proceso judicial.

El comunicado:

Con la creación de la figura del telegrama electrónico y la extensión de la intervención del abogado ad hoc se pretende presentar como innovación tecnológica algo que dista de serlo: se trata lisa y llanamente de habilitar el diligenciamiento de notificaciones en papel y dirigidas a domicilios físicos a empresas privadas de correo o abogados y abogadas de la matrícula, en reemplazo de una tarea que hasta el momento vienen realizando oficiales públicos bajo reglas estrictas y con control de la Suprema Corte.

De allí que las modificaciones impuestas por el Acuerdo 4013, además de no contar con habilitación legal, sumergen en una profunda incertidumbre las garantías de imparcialidad, confiabilidad y seguridad de las notificaciones que el debido proceso requiere, vulnerando el derecho de defensa en juicio y profundizando la desigualdad en el acceso a la justicia en perjuicio de los sectores más vulnerables.

De aprobarse definitivamente esa iniciativa quedaría consagrado un doble estándar en el sistema judicial bonaerense, con una justicia para ricos con notificaciones “express”, y otra para pobres, donde los tiempos de las notificaciones dependerán del escaso presupuesto que la Corte asigne para las y los notificadores.

Desde esa perspectiva, la AJB y sus representados no pueden dejar de señalar su preocupación y rechazo por medidas que profundizan la enorme brecha en el acceso a la Justicia en nuestra provincia, desconociendo las asimetrías económicas y sociales existentes entre los distintos sectores que participan en los procesos judiciales.

En esa línea también debe ponerse en análisis las condiciones en que se garantizará el acceso a la justicia de las personas con derechos vulnerados, que al momento de recibir notificación a través de una empresa privada no tendrá orientación alguna, y que para acceder al contenido de una demanda judicial deberá contar con recursos materiales y simbólicos de los que una gran parte de la población se encuentra privada.

Cabe mencionar en este punto que la AJB no se opone a la implementación de avances tecnológicos que permitan acelerar los procesos judiciales, tales como las notificaciones instantáneas a domicilios electrónicos. Por el contrario, nuestro sindicato viene reclamando participación efectiva en los procesos de diseño de esas transformaciones, para garantizar –a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos años- que su desarrollo se adecue a las necesidades reales de las dependencias judiciales y permita aliviar de manera efectiva la enorme sobrecarga laboral que pesa sobre las espaldas de las y los empleados y funcionarios judiciales.

Es por todo esto que rechazamos la puesta en vigencia del Acuerdo 4013 y reclamamos a la Suprema Corte la jerarquización de las Oficinas y Delegaciones de Mandamientos y Notificaciones, dotándolas de los recursos materiales y del personal suficiente para garantizar notificaciones confiables y en tiempo oportuno para el conjunto de la población.

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